PRECISIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE EL DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Antonio Martínez Lafuente

Thomson Reuters, Civitas

Madrid, 2019, 102 páginas

https://dx.doi.org/10.47092/CT.21.2.6

 

1. INTRODUCCIÓN

Frente a lo que pudiera parecer, podríamos empezar el comentario, señalando la relevancia para el progreso social y económico, así como para demostrar la madurez democrática de una nación, de un hecho simple: la normalización del delito fiscal en España.

Todos los años, en general, la Administración Tributaria denuncia más de 250 delitos fiscales y lenta, pero inexorablemente, nuestros Tribunales juzgan estos procesos, como un caso penal ordinario.

En este sentido, los datos recogidos en la “Memoria de la Agencia Tributaria 2017”, último año publicado, son contundentes:

 

Cuadro nº 17

Delitos fiscales denunciados por las áreas
de Inspección Financiera y de Aduanas e Impuestos Especiales

(*) Importe en millones de euros.

Fuente: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Memorias/Memorias_de_la_Agencia_Tributaria/_Ayuda_Memoria_2017/ANEXO__CUADROS_Y_GRAFICOS/Cuadro_n__17__Delitos_fiscales/Cuadro_n__17__Delitos_fiscales.html

 

Pero no siempre ha sido fácil “normalizar” el delito fiscal y, sin ningún género de dudas, la larga historia de esta figura (iniciada, de forma paralela, no lo olvidemos, con la gran reforma fiscal de 1978 y la Transición Política), así como las dificultades de todo tipo (resistencia social, críticas doctrinales, tendencia a ver el fraude fiscal como una nimiedad en los comportamientos sociales, etc.) para consolidarla, nos deben llevar a estar siempre alerta contra cualquier intento de negar que la base del Estado social y de Derecho, cuyo tenor nuestra Carta Magna proclama en su artículo 1.1, como finalidad fundamental de todos los españoles [1], se encuentra en los principios tributarios que el artículo 31.1 de la propia Constitución diseña, empezando por la generalidad y la progresividad del sistema tributario [2].

Eso no quiere decir que la lucha contra los delincuentes fiscales más graves haya terminado, sino todo lo contrario; al igual que la sociedad y sus entornos cambian, también lo hace la delincuencia económica y se reputa necesario perfeccionar los instrumentos legales y técnicos para combatirlos.

En este sentido, el combate contra el delito fiscal ha sido objeto de una relevante modificación, tanto material como conceptual, por medio de la reforma introducida en el Código Penal Español por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre y por la profunda modificación procedimental que ha supuesto la incorporación de un nuevo Título, el VI, “Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública”, artículos 250 a 259, ambos inclusive, en la norma básica del Ordenamiento Tributario español, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) [3].

Aún es pronto para analizar y juzgar con detalle estas alteraciones, así como el éxito o fracaso de sus objetivos pero, por la misma necesidad de evaluar esta reforma, proporcionar una síntesis de los temas, doctrinales, formales y materiales, integrantes de la compleja problemática del delito fiscal, a partir de la amplia jurisprudencia existente, la obra a comentar resulta muy oportuna y, en ese sentido, el libro eso pretende: recopilar las sentencias clave que han ido configurando la estructura del delito y su procedimiento, resolviendo los problemas conceptuales y formales que su existencia y aplicación han generado a lo largo de sus 30 años de vigencia en nuestro Derecho Penal y Tributario.

 

2. CONTENIDO DE LA OBRA

La personalidad y calidad técnica del autor, Abogado del Estado con amplia experiencia en cuestiones fiscales y con un vasto registro como escritor en diferentes tópicos del Derecho Fiscal, anticipan el interés de la obra, un auténtico resumen, un libro de bolsillo, para conocer las claves de bóveda del delito fiscal.

Tras un elogioso “Prólogo” del prestigioso penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo, se pasa a ofrecer un resumen deductivo, desde lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular, cuyo eje son los grandes temas del delito fiscal.

Así, se empieza describiendo el alcance de las últimas reformas, sin pretender ninguna exhaustividad en su comentario (lo que nos da pie a pedirle al autor o una segunda edición del trabajo, la cual incorpore la elaboración jurisprudencial posterior a los cambios legislativos o una aportación específica que incluya su sesuda opinión doctrinal al respecto).

Se continúa, Capítulo II, comentando algunas características clave de nuestro delito fiscal, como es su carácter de norma penal “en blanco”, al definir el tipo y muchos de sus conceptos y disposiciones del Derecho Tributario sustantivo, al cual han de recurrir una y otra vez los Tribunales para complementar su acción, exponiendo algunos problemas capitales por la compleja relación entre el Derecho Penal y el Derecho Tributario, caso de la estimación indirecta, la aplicación de la prueba de indicios, la posibilidad de calificar como delito fiscal la ausencia de rentas declaradas, cuya naturaleza se califica como incrementos no justificados de patrimonio, etc.

Pasamos después a los elementos mollares del tipo penal, comenzando por la afirmación de que el delito fiscal no puede ser objetivo, existiendo (como cualquier delito) un aspecto subjetivo: la mendacidad.

Esta premisa conlleva la exposición de la jurisprudencia básica relativa a asuntos conexos con el tipo penal: consecuencias del error, el bien jurídico protegido por el delito (cuestión todavía abierta, sin solución clara en la doctrina y la jurisprudencia), junto al complejo mundo de la autoría y las formas de participación en el delito.

En este último punto, el autor (aunque no lo desarrolla con la amplitud que nos hubiera gustado) parece concluir que el delito fiscal no admite “ extraneus”, sino que es un delito de autor; posición ésta, no aceptada por toda la doctrina y que, lógicamente, le lleva a situarse en una postura crítica en áreas peliagudas, también citadas en el Capítulo IV, como es la situación del asesor fiscal.

También nos extraña la aceptación acrítica del carácter de “delito especial” del delito fiscal, idea consolidada en la jurisprudencia, pero que no todo la doctrina valora acríticamente.

En el Capítulo IV, asimismo, se exponen otros puntos importantes para el conocimiento del delito, supuesto del levantamiento del velo de la persona jurídica, la intervención de los peritos y el rol de las conocidas como “conductas neutrales”.

La regularización (cuya funcionalidad y naturaleza han cambiado radicalmente en la última reforma legislativa, pasando de “excusa absolutoria” al “reverso del delito cometido”) es comentada en el Capítulo V de la obra, junto con los muy discutidos pactos con el Ministerio Fiscal, de los cuales se hacen eco un día sí y otro también los medios de comunicación, herramientas de una Política Penal que, a nuestro entender, resulta ser, en general, acertada aunque desagrade a puristas y talibanes de todo signo.

En el Capítulo VI nos adentramos en el proceloso campo de la prescripción y sus efectos y avatares en el delito fiscal, aspecto complicado por las enormes diferencias de todo tipo entre la prescripción tributaria y la penal, empezando por su cómputo temporal.

En el Capítulo VII (aunque de forma excesivamente breve, a nuestro juicio) el autor se adentra en las relaciones entre el delito de blanqueo de capitales y delito fiscal, donde nuestros Jueces han defendido siempre (con acierto) la posibilidad de que el primero sea subyacente respecto del segundo.

El procedimiento que, como garantía de derechos y de sucesión objetiva de la actividad pública, es de enorme relevancia en este delito, es tratado en el Capítulo VIII, teniendo en cuenta que todavía desconocemos los efectos finales de la gran reforma introducida en la LGT por la precitada Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de Modificación Parcial de la LGT.

Por último, el Capítulo IX cierra el broche de esta didáctica e, incluso, entretenida obra, subrayando las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea (y su jurisprudencia) y la normativa española del delito fiscal, relación en constante cambio, a medida que el Derecho Europeo va extendiendo sus ámbitos y competencias al terreno penal.

 

3. CODA

En suma, una obra donde se juntan erudición, calidad y claridad expositiva, permitiéndonos obtener una visión rápida y sintética de cómo la jurisprudencia ha tratado hasta la fecha los diversos aspectos del delito fiscal.

La única crítica es, quizás, que (a lo mejor por problemas de edición), no siempre es fácil saber dónde el autor se limita a transcribir la cita de una sentencia o dónde afirma su opinión personal, asunto este último que, dados sus vastos conocimientos del Derecho Tributario, nos gustaría conocer en profundidad.

 

Domingo Carbajo Vasco

Agencia Estatal de Administración Tributaria



[1]   «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

[2]   «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

[3]   Por medio de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT.